Extraido de “DIAGONAL WEB”

Las grandes discográficas pierden un juicio con el que intentaban instituir la persecución del P2P

“Gana la tecnología más fuerte”

La absolución de Pablo Soto despeja el camino para las tecnologías de intercambio de archivos mientras se vislumbra menos presión sobre los usuarios en otros países 

 

Marta G. Franco (Redacción)
Martes 10 de enero de 2012.  Número 165

Pablo Soto continua creando tecnologías para compartir archivos como el buscador FooFind / Foto: Elena Buenavista.

A Pablo Soto ahora le deben dinero las discográficas: tienen que pagarle las costas del juicio que han perdido. Hace tres años, los sellos Universal, Warner, Sony-BMG y EMI, junto con la patronal Promusicae, demandaron a este programador madrileño por desarrollar programas P2P para el intercambio de archivos. Querían que les pagara más de trece millones de euros por las canciones que, según sus cálculos, habían sido descargadas.

A finales de diciembre salió la sentencia: Soto queda absuelto porque las aplicaciones informáticas son “herramientas de carácter neutro” y quienes las programan no son responsables de sus usos. Tampoco se sostiene la acusación de competencia desleal a las discográficas, ya que según el juez no participan en el mismo mercado. Las demandantes aún están en plazo para recurrir. “No me importaría, les volveríamos a ganar con costas”, dice entre risas Pablo Soto. Uno de sus abogados, David Bravo, afirma que “seguiremos sosteniendo que en la legislación española no existe la figura de la contribución a la infracción“.

Por su parte, Promusicae reaccionó con un guiño al nuevo Gobierno, del que esperan que demuestre su “compromiso con la industria”. El nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, no parece estar dispuesto a decepcionar al lobby discográfico. Su secretario de Cultura es José María Lassalle, quien pactó la Ley Sinde con el PSOE.

La sentencia no entra a valorar la legalidad de las descargas, “resulta irrelevante si existe tal ilícito que, en todo caso, no cometería Pablo Soto”, explica Bravo. De cualquier manera, la tecnología de redes P2P (peer to peer, entre iguales) es incontrolable porque permite compartir información sin intermediarios. Una vez que el usuario se descarga un cliente P2P, averiguar qué intercambia con él sería violar su intimidad. El P2P se generalizó hace una década como única forma viable de compartir archivos pesados como los de audio o vídeo y está bajo aplicaciones tan comunes como Skype o Whatsapp. “Los juegos olímpicos de Pekín no podrían haberse transmitido sin P2P”, dice Soto.

Como el ancho de banda y los servidores son cada vez más baratos, es más fácil ofrecer servicios de descarga directa, tipo Megaupload o Rapidshare. Estos sitios son vulnerables a cierres, pero se crean otros nuevos continuamente y la censura no es posible. “La industria va a por todo, pero conforme da un paso los desarrolladores damos otro”, afirma Soto. “Es una batalla en la que siempre gana la tecnología más fuerte”.

Ahora, el eslabón débil que la industria pretende controlar son los DNS, servidores que gestionan los nombres de dominio. La solución entonces pasaría por salir de la red Internet, que es sólo un conjunto de protocolos, e inventar otros para una nueva red gestionada por la sociedad civil. “Yo creo que de aquí a diez años estaremos fuera de los DNS”.

La industria ha retratado a Soto como un “parásito”. Él es muy crítico con estas cuatro multinacionales que venden el 90% de los discos del mundo, pero apoya a quienes crean. “Es necesario que entre todos saquemos a los artistas del yugo que supone el mercado”. ¿Cómo? “Antes funcionaba el mecenazgo y luego los derechos de autor, ahora tenemos que inventarnos otra forma”. Pagar un canon no le parece mal, “el problema es que lo cobra una entidad privada, sin auditoría ni participación ciudadana”. David Bravo recuerda ideas para colectivizar la remuneración: “la Licencia General Opcional propuesta en Francia en su día o el sistema de impuestos de Richard Stallman”.

Menos persecución también para los usuarios

Los discursos que abogan por fomentar la creación sin penalizar a los usuarios están calando. El mes pasado, los gobiernos de Suiza y Holanda anunciaron que no van a prohibir las descargas porque no están justificados los daños a la libertad de expresión y la innovación tecnológica que supondría hacerlo. Alegan informes que demuestran que sus beneficios netos son mayores que lo que pierde la vieja industria.

Por otro lado, dos de las leyes más duras impulsadas en los últimos tiempos están en entredicho. En Francia, el socialdemócrata François Hollande, próximo presidente según las encuestas, ha anunciado que derogará la Ley Hadopi, que permite cortar la conexión a quienes descargan archivos protegidos. Propone en cambio reforzar la oferta legal de contenidos digitales y estudiar algún tipo de canon que paguen los usuarios o las operadoras. Y en EE UU el Senado aún no ha votado la SOPA, ley antidescargas que amenaza con cerrar webs de todo el mundo con escasas garantías judiciales, a pesar de que estaba previsto para mediados de diciembre. Los internautas están impulsando acciones de boicot contra las 142 compañías que, según la propia Cámara que la ha redactado, apoyan la ley.

Del giro no se ha enterado aún Wert, del que se teme que legisle en la línea de la SOPA. “No me cabe duda de que España, muy dada a imitar lo peor y lo inútil, tiene ya sus ojos puestos en opciones como esas”, prevee David Bravo.

 

La declaración de intenciones del nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte

“España lidera el ranking de descargas ilegales”

José Ignacio Wert estrena su cargo repitiendo una mentira. En este Estado, descargar material protegido por copyright no es delito ni ilícito civil porque existe el derecho a la copia privada (por ello el PP va a diseñar un mecanismo de compensación para autores que sustituya al recién eliminado canon). Además, España no es el primer país en ninguna de las dudosas listas difundidas por la industria.

“Queremos que sea viable la creación cultural”

En su primera comparecencia como titular de Cultura, el ministro confunde industria con creación y además obvia la capacidad de innovar. Wert parece negar la posibilidad de otros modelos de producción cultural que prescindan de los intermediarios tradicionales, basados en el libre acceso y la gestión común, que ya están demostrando su viabilidad (copyleft, crowdfunding).

“La condición inmaterial no quita gravedad al robo”

En un artículo publicado en El País hace un año, Wert insistía en la comparación con bienes materiales. Copiar un archivo digital nunca podrá ser igual que robar un coche porque no implica privar de nada a nadie y además la cultura es un producto social. Con este argumento falaz cargaba contra quienes defienden la red, los “nuevos bárbaros” que propician la “extinción de la creación cultural”.

“Lo vamos a hacer y nada ni nadie nos va a arredrar”

El Consejo de Ministros del 30 de diciembre confirmó la amenaza de Wert: el PP no ha dudado en aprobar el reglamento de la Ley Sinde. Quizá para justificarlo, un día antes transcendió una carta de la Cámara de Comercio de EE UU que amenazaba a Rajoy con la marcha de empresas del Estado español si no pone fin a la “piratería”, entre otras medidas.


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