Dinero público para un derecho prohibido

Piratas Extremadura

La última reunión del Consejo de Ministros ha resucitado el absurdo concepto de pagar por un derecho que no puede ejercerse por estar prohibido, y asignarle a dicho derecho un presupuesto que nadie sabe como calcular (y que no puede ser decidido arbitrariamente o, de lo contrario, podría ser impugnado como ya demostró en su momento la abogada Ofelia Tejerina, de la Asociación de Internautas).

En palabras de Jose Manuel Tourné (Director General de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual) la copia privada no es un derecho sino un límite a la propiedad intelectual . El propio Tourné reconoce como legal el ejercicio de la copia privada, y considera compatible tal ejercicio con el uso de sistemas anticopia en DVDs y otros dispositivos.
¿Cómo puede ser posible que la misma ley que permite la copia privada (y establece una compensación monetaria por dicho concepto a los titulares de los derechos de autor) permita, al mismo tiempo, el uso de sistemas tecnológicos destinados a impedir dicho ejercicio? Preguntado al respecto el señor Tourné se remitió al artículo 161 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, que permite a los usuarios (siempre según el Director General de la FAP) solicitar la desprotección de los soportes protegidos.
¿Pero es realmente así? En realidad el artículo 161 de la LPI apenas hace una vaga mención a la posibilidad de eliminar las barreras tecnológicas que impiden el ejercicio de la copia privada. Concretamente dice que:
  • 1. Los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas  con medidas tecnológicas eficaces deberán facilitar a los beneficiarios  de los límites que se citan a continuación los medios adecuados para  disfrutar de ellos, conforme a su finalidad, siempre y cuando tales  beneficiarios tengan legalmente acceso a la obra o prestación de que se  trate. Tales límites son los siguientes:
  • Límite de copia privada en los términos previstos en el artículo 31.2.
  • […]
  • 2. Cuando los titulares de derechos de propiedad intelectual no hayan  adoptado medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros  interesados, para el cumplimiento del deber previsto en el apartado  anterior, los beneficiarios de dichos límites podrán acudir ante la  jurisdicción civil.
  • Cuando los beneficiarios de dichos límites sean consumidores o usuarios, en los términos definidos en el artículo 1.2 y 3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su defensa podrán actuar las entidades legitimadas en el artículo 11.2 y 3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Para la inmensa mayoría de los usuarios la vía propuesta en el artículo 161 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual es un misterio administrativo. El resultado es una burla legal que consiste en cobrar a toda la ciudadanía por el presunto ejercicio de un derecho o límite que, en la práctica, la mayor parte de la población no puede ejercer (no, al menos, por las via administrativa prevista en el artículo 161 de la Ley de Propiedad Intelectual).
Dejando fuera de la ley el gravamen a los dispositivos y dejándolo en la responsabilidad de los presupuestos del estado se limita la fuente de ingresos para costear el canon tan sólo en el origen público y de todos, manteniendo al margen a las empresas que fabrican esos dispositivos y alejando más a las operadoras de comunicaciones que estaban en el punto de mira.
Este nuevo mecanismo de   “compensación por el límite de la copia privada” es mas   indiscriminado que el antiguo canon digital al que presuntamente   sustituye. La sentencia del caso Padawan declaraba ilegal aplicar   dicho gravamen a empresas y profesionales (entre otros) pero el nuevo   sistema se pagará entre toda la ciudadanía (tanto particulares como   empresas) a través de los presupuestos generales del estado.
Por otra parte el propio concepto de “compensación” es también dudoso. Para que proceda una compensación es necesario que se produzca un perjuicio y, para percibir dicha compensación, el perjuicio debe ser demostrado ¿Pero cómo se demuestra que el ejercicio de la copia privada provoque un perjuicio económico a los titulares de los derechos de autor? ¿Y cómo se calcula el importe de dicho perjuicio económico?
En el anuncio del decreto se adelanta que la determinación de la compensación vendrá calculada en función de unos criterios como el número de copias realizadas, el impacto sobre la venta y el precio medio de las obras. Criterios y valores muy susceptibles de ser manipulados por la industria de la cultura. Además de añadir complejidad para regular un sector, se quiere dar a entender que estos criterios son objetivos como el propio anuncio del decretazo sugiere.
En el texto se insiste en hablar de “propiedad intelectual” (hasta 4 veces en el anuncio), cuando este término no éxiste y es un concepto erróneo inventado por los lobbies culturales. En palabras de Richard Stallman (padre del Software Libre)  la propiedad intelectual “sólo es un espejismo seductor”. Al incorporar el término en leyes, en cierto punto se está legitimando erróneamente su uso y se trata de confundir “derechos de autor” con “propiedad intelectual”.
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