Artículo de Prensa “ALREDEDOR DE SGAE”

Este texto fue publicado por la Voz de Galicía. Tenemos que agradecerle a este importante periódico que nos prestara sus páginas para poder denunciar una situación de excesos que hemos apreciado tanto en el comportamiento particular de SGAE como en los Juzgados de la comunidad autónoma.

Desde ADEMYC quisimos apoyar de esta forma a nuestros asociados Gallegos:

Alrededor de SGAE

¿Quién no ha oído alguna vez hablar de la SGAE? Sin embargo, ¿alguien de ustedes sabría diferenciar correctamente entre el derecho de autor y la propiedad intelectual? Estos dos conceptos están cargados de polémica, unas veces excedidas y otras ninguneadas. Evidentemente ambas posturas son reprochables. Pero ¿por qué? ¿Qué intereses hay detrás de este barullo mediático, donde se mezclan en una sopa incomestible los autores, los intérpretes, los editores, las sociedades de gestión de derechos, el Estado, la justicia y el ciudadano de a pie?

Empecemos por el principio: La frivolidad es una de las características de nuestra masificada sociedad de la información. La mayor parte del contenido que discurre es poco útil, está descontextualizado o simplemente carece de las fuentes de información necesarias para hacerlo creíble. Y no es que yo pretenda un mundo poco informado. Todo lo contrario. Pero eso no excluye la necesidad de advertir sobre los riesgos y defectos del sistema. A este respecto, y centrándonos en la temática de la propiedad intelectual y sus derechos, no sé si SGAE podría decir lo mismo.

La entidad de gestión de derechos de autor por antonomasia, SGAE, con sus largos brazos cargados de dinero, ha estado utilizando su red de influencia con una metodología no demasiado acorde a las reglas del juego. ¿Exageración? Opinen ustedes:

Caso Padawan: —¿Y qué es eso? —se preguntarán. ¿Recuerdan el Canon Digital? Seguro que ahora ya sí les suena. Este caso puso en cuestión la aplicación del famoso cargo “extra” sobre el precio de venta de cualquier dispositivo con capacidad para almacenar, gravar o reproducir material digital. No voy a entrar en detalles sobre la sentencia. Solo cabe mencionar que el pequeño negocio catalán que planteó la demanda (Padawan), ganó la partida a SGAE. El asunto, poco después, fue trasladado a los tribunales europeos, que certificaron que SGAE estaba aplicando el cargo llamado “Canon Digital” de forma indiscriminada, sin tener en cuenta el derecho internacional al respecto. Pero ya era tarde; cientos de millones de euros habían engordado las arcas de esta entidad de gestión de derechos, que iba creciendo a pasos agigantados en no precisamente la buena dirección, como veremos más adelante. Y aunque el tribunal europeo abrió la posibilidad de solicitar a la entidad privada la devolución de lo cobrado ilegítimamente, el Estado español jamás se lo reclamó, convirtiéndose en cómplice de las actividades irregulares de SGAE. Los españoles hemos pagado derechos de autor por cosas tan variopintas como la documentación pública de nuestros ayuntamientos, de nuestros juzgados, de nuestras comunidades. Las empresas han pagado por sus datos administrativos, por sus listados de clientes…en definitiva, por una ingente cantidad de documentos que, bajo ningún concepto, generan estos derechos. Y todo ese dinero a repercutido en una organización privada “sin ánimo de lucro”; SGAE.

Con su impresionante red de influencias procedentes de la acumulación ilícita de riquezas, SGAE ha conseguido, incluso que uno de sus miembros sea nombrado ministro de cultura, como fue el caso de la archi-famosa Sinde. Es obvio pensar que la legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual española, que debía adaptarse a los nuevos tiempos, empezó a redactarse bajo la supervisión de una sola de las partes implicadas en la compleja evolución de la distribución y emisión de la cultura, la ciencia y el arte. ¿Ético? Evidentemente no. ¿Consecuencias? La desastrosa Ley Sinde.

La SGAE, por su condición de gestora de los derechos de miles de creadores, debería haber estado sometida a un férreo control Estatal. Pero lejos de ser así, la ejecutiva de esta sociedad privada disfrutó de libertad total para transgredir una ley en la que ellos mismo habían influido, así como para excederse en sus funciones, protegidos por un sistema judicial demasiado acomodado y con pocas ganas de crear polémica. Solo honrosas excepciones nos han permitido defendernos de la voracidad recaudatoria de estos supuestos “defensores” de la cultura.

El caso de las “tasas por reproducción de obras protegidas en locales de pública concurrencia”: Este asunto es el que más afecta a las pymes. La asociación de empresarios ADEMYC, donde he prestado mis servicios, lleva años peleando para evitar minimizar la enorme cantidad de abusos que se han cometido y se cometen en nombre de la defensa de los intereses de los creadores y de la cultura. Desde toda la nación recibimos incesantes llamadas de empresarios hosteleros que se ven acosados por los mal llamados “inspectores SGAE”, que en honor a la verdad no son más que comerciales con un producto a la venta, limitados por unos intereses económicos particulares, y que ignoran la mayor parte de los aspecto legales sobre propiedad intelectual.

La tasa se basa en la consideración de que un local hostelero obtiene unos beneficios extra por el uso de obras del repertorio SGAE. Existe una diferenciación entre amenización principal y amenización secundaria. Un bar musical estaría bajo el primer supuesto. Un bar de tapas bajo el segundo. Pero ¿cuál es el repertorio SGAE? Esta pregunta no tiene contestación. A pesar de que existe una disposición legal que les obliga a crear una base de datos, en la web de la Sociedad de Gestión, la lista de asociados se anuncia como “poco fiable”. Aunque por otro lado creo que aquí, SGAE, es en una de las pocas aseveraciones donde se muestra verdaderamente sincera. SGAE lleva años cobrando derechos de autor por obras que no figuran en su repertorio, como así lo asegura un buen número de artistas, entre los que destacan Alejandro Sanz o Sakira, que denunciaron hace poco tiempo como la SGAE se había lucrado cobrando a programas de televisión por contenidos libres de derechos, ya que se trataba de obras clásicas de autores que habían muerto hace más de 75 años (límite que estipula la ley para que el derecho pueda ser ejecutado) Hablamos de una facturación de más del 25% del total en concepto de tasas por el uso de obras protegidas. ¿Qué nombre podemos darle a esto?

Pero no solo las obras clásicas están fuera del repertorio SGAE. Existen decenas de miles de artistas que han decido librarse del CopyRight, que por otro lado anula la capacidad de autogestión del creador sobre su propia obra. En plataformas como http://www.jamendo.com se puede encontrar un repertorio licenciado en Creative Common, gestionado de forma muy distinta, a precios más competitivos y reconocido jurídicamente. SGAE, AGEDI y AIE no quieren que usted sepa esto. Y si ya conoce la información, sus agentes comerciales se negarán a asumirla como cierta y le mentirán sobre su validez.

Si hablamos sobre el contenido televisivo nos encontramos con dificultades añadidas. La mayor parte de los programas están compuestos por obras licencias en CopyRight (bajo gestión de SGAE) Pero aun así existen disposiciones legales que acuerdan límites sobre lo que puede y no puede generar tasas por reproducción pública de contenido protegidos. Por un lado tenemos los informativos, que cubren un derecho recogido en la constitución española, que no es otro que el derecho a la información. (Artículo 35 de la Ley de Propiedad Intelectual. Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas 1. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.)

Por otro lado tenemos los eventos deportivos, que por sí solos, y como ya imaginarán, no pueden generar derechos de autor, pues no existe creación intelectual en unos señores jugando a la pelota o en un grupo de personas corriendo carretera adelante.   Sin embargo SGAE plantea un argumento de lo más zafio para saltarse dichas disposiciones. Resulta que cualquier programa, deportivo o informativo, va cortado con publicidad, y esta sí que contiene obras protegidas. Pero ante esto caben dos preguntas fundamentales. ¿Es el empresario hostelero quién obtiene beneficios de un anuncio de detergentes o de coches, o es la marca comercial, que ya pagó las tasas por el uso de las obras protegidas, quién obtiene dichos beneficios? ¿Si el empresario no puede escoger entre reproducir o no reproducir la publicidad, como se puede usar este argumento para exigirle una tasa por el uso de obras protegidas?

Me preocupan los argumentos esgrimidos por SGAE. Pero aún me preocupa más lo que, a este respecto, estamos viendo en demasiados juzgados de lo mercantil: A pesar de que los contratos SGAE están plagados de cláusulas abusivas, los mismos se consideran siempre legitimados. ¿Qué quieres conocer el repertorio de la entidad de gestión de derechos con la que vas a firmar? Lo siento, es muy extenso y no están por la labor de actualizar su base de datos. ¿Qué renuncias al uso de su repertorio? Aun así págueles, y sino, pues retiras los equipos de reproducción, a pesar de que SGAE, como bien saben los jueces, ni mucho menos está legitimada para representar los intereses de todas las obras audiovisuales existentes. ¿Qué tienes un contrato con plataformas digitales (por ejemplo CANAL +), donde ya se refleja una parte del pago mensual en concepto de reproducción de obras protegidas en locales de pública concurrencia? Nos da igual, páguele también a SGAE, aunque eso signifique doble facturación. ¿Qué usas música licenciada en Creative Common? No nos importa. En los juzgados se antepondrán los derechos mercantiles privados de SGAE al derecho fundamental de presunción de inocencia.

Evidentemente no todos los jueces aplican estas consideraciones. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos, el panorama no difiera de lo expuesto.

Los representantes comerciales SGAE tienen legitimidad para firmar contratos en nombre de SGAE, pero según un juzgado de LUGO, este mismo comercial no tiene legitimidad para representar en un juicio los intereses de SGAE, aunque por otro lado se les conceda a su testimonio la presunción legal de la que disfruta un funcionario público, como un inspector de hacienda o un policía. ¿Pueden ustedes entenderlo? Nosotros tampoco. Se pretende que la testifical de un señor con intereses comerciales privados pueda imponerse a la testifical de otro empresario. ¡Delirante!

La Directiva Europea 2001/29/CE considera que la presunción iuris tantum de la que hoy disfruta SGAE en los juzgados de lo mercantil españoles va contra derecho:
“La mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación no equivale en sí misma a una comunicación en el sentido de la presente Directiva”. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues visto lo visto no existe una solución más que dirigirnos a Estrasburgo y lidiar allí este toro. Al igual que con el Canon Digital, la justicia española se niega a definir una línea única de interpretación para resolver los conflictos que las entidades de gestión de derechos de autor mantienen con las empresas e instituciones públicas, obviando la inexcusable adaptación al marco único legislativo al que estamos sujetos tras los tratados de formalización de la Unión Europea.

Si grave es lo dicho hasta ahora, no podemos olvidar los innumerables casos de corrupción y malversación de fondos en los que está implicada la dirección de SGAE, motivo más que suficiente para que el Estado replantee los convenios y autorizaciones de las que disfruta la entidad, ya que hay sospechas fundadas de que lo recaudado no está sirviendo a los fines que señala la Ley de Propiedad Intelectual.

Negocios inmobiliarios y desvío de fondos a paraísos fiscales no están, precisamente, dentro de lo que podríamos considerar protección e incentivación de la cultura. SGAE se representa exclusivamente así misma, sin atender adecuadamente las funciones que le fueron encomendadas. Sin embargo, siguen siendo el referente organizativo de autores y editores; una situación vergonzosa que no ayuda a conciliar los intereses de las partes en conflicto.

Además de lo recaudado en operaciones que trascienden a sus competencias, SGAE lleva demasiado tiempo falseando los conceptos de sus facturas. Los ayuntamientos, los institutos…muchas instituciones públicas reciben notas de la entidad de gestión de derechos ante la celebración de eventos culturales sin ánimo de lucro y con fines puramente divulgativos. Según la Ley de Propiedad Intelectual, como anteriormente hemos señalado, en su sección LÍMITES se reflejan ciertas disposiciones que permiten el uso de obras protegidas. Pero las administraciones públicas pagan con alegría, incluso cuando no les corresponde hacerlo. ¿Por qué? Pues posiblemente porque se trata de dinero de terceros, y gastarlo no duele tanto como cuando es el tuyo propio.

Hay muchos actores en este tinglado. Pero sin un correcto funcionamiento de la justicia, todo lo que aquí se diga servirá únicamente para envolver en la nevera los plátanos de mañana. Por eso esperamos que los jueces de Galicia se sensibilicen con el asunto y empiecen a estudiar de una forma más exacta e individualizada cada caso concreto. Hay mucho que decir y mucho que hacer si queremos servir a los intereses conjuntos de nuestro país. Unos y otros debemos implicarnos, sin miedo y removiendo los barros que empantanan nuestra castigada sociedad del bien estar, que ya es solo bien estar de “algunos”.

 

 

Ademyc y Empresarial Vegas Bajas

 

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