ALIMENTANDO MONSTRUOS

Hace ya siete años que los socios de ADEMYC empezaron a presentar en nuestras oficinas sus primeras quejas sobre lo que consideraban un abuso manifiesto en la gestión de las tasas por reproducción de obras protegidas en locales de pública concurrencia. Y no es que antes tuvieran una mejor consideración sobre la situación, sino que, simplemente, se encontraban indefensos ante una maquinaria recaudatoria que, en no pocos casos, disfrutaba y disfruta de una presunción legal que raya la prevaricación, ya sea por parte de las autoridades del poder legislativo y ejecutivo, como por parte del poder judicial _con las honrosas excepciones que rompen la regla_.

La SGAE _ entidad de gestión de derechos de autor mediáticamente visible en la estructura recaudatoria_ de todos es actor conocido, y lamentablemente no por sus buenas prácticas, entre las que destacan el desvío de fondos a paraísos fiscales, negocios inmobiliarios que quedan fuera de sus funciones específicas, pensiones desmesuradas para sus directivos, inequidad en el reparto del dinero recaudado entre artistas y editores, denuncias por aplicación injustificada de tasas a obras de dominio público…un largo etc que deriva en espectáculos lamentables como el gasto de dinero de caja, por parte de uno de sus inspectores, en prostíbulos y fiestas, que hace pocos meses lo ha llevado a prisión. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la inestimable ayuda y connivencia de los poderes públicos, como dejo entrever al comenzar este texto. Y ahora desglosemos tan graves acusaciones:

Podemos empezar mencionando la forma en la que se ha estado robando ingentes cantidades de dinero público a todos los españoles a través del ilegalizado CANON DIGITAL. Este mecanismo, propio de mafias organizadas, fue reprimido por tribunales europeos, ya que los españoles o no supieron o no quisieron ver lo que sí observaron las autoridades continentales. Además, todo esto fue posible gracias al sacrificio indescriptible de tan solo una pequeña empresaria, ANA TRAXTORE, que en solitario y arruinada por la corporación ESTADO-SGAE, peleó por todos nosotros. Hoy pocos la recuerdan. Y hoy, con la nueva Ley de Propiedad Intelectual, nuestro gobierno ha creado un sustituto del Canon Digital aún más injusto, cargado de forma directa a los presupuestos generales, y sin obligar a que SGAE devuelva lo incautado de forma ilegítima.

En este caso concreto salió a la luz como SGAE había conseguido, con una legislación diseñada a su antojo, recaudar por copias de documentos públicos, como los CD,s donde se archivaban casos judiciales o fichas de empadronamiento municipal. Igualmente llamativo es el dinero que todos hemos ido abonando por las fotos privadas de nuestras vacaciones o por las copias del DNI. Y esto son solo algunos ejemplos. Cada aparto reproductor, editor, emisor y/o grabador de contenido digital estaba cargado con un impuesto irrenunciable que se cobraba al adquirirlo, previendo que el comprador iba a usarlo para violar derechos de autor, o dicho de otra forma, considerando que todos somos culpables de violar leyes concretas. Imaginen la enorme cantidad de dispositivos de entidades públicas que satisficieron este requisito dinerario. Hablamos de cientos de millones de euros…

SGAE ha estado cobrando derechos de autor por obras de dominio público y por obras que no pertenecen a ninguno de sus representados. Recientemente, la entidad de gestión de derechos de autor ha sido denunciada por varias cadenas de televisión, llegando a la conclusión de que más del 25% del total de lo recaudado por la entidad corresponde a obras libres ¿Saben lo que eso significa en un negocio de 300 millones de euros al año?

No podemos dejar pasar por alto como SGAE ha disfrutado de los favores en ciertas salas de los juzgados de lo mercantil, permitiéndoles que se salten a la torera la sección LÍMITES de la ley de Propiedad Intelectual, donde queda claro qué puede y que no puede estar cargado con tasas, y todo mientras la Directiva 2001/29/CE considera que la presunción iuris tantum de la que disfruta SGAE en los juzgados españoles va contra derecho. Lean sino el artículo 27 de dicha directiva:
“La mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación no equivale en sí misma a una comunicación en el sentido de la presente Directiva”.

Con todo esto quiero dejar muy claro que los desmanes de esta “mafia organizada de contenidos culturales,” en formato entidad de gestión de derechos de autor, no podría haberse ejecutado sin que exista un Estado que unas veces mira para otro lado y otras legisla cuando se lo requiere el lobby de turno. Tampoco hubiera sido posible bajo un sistema con una verdadera separación de poderes, donde la judicatura disfrutara de independencia plena. SGAE no es el problema, sino el síntoma de una política influenciada por los poderes económicos de cualquier signo y forma.

En medio del desmadre están los pequeños empresarios, las pymes, los sufridos autónomos que pagan y pagan sin recibir más que exclusión social y marginación en caso de fracasar en sus negocios. La gran máquina recaudatoria, como no podría ser de otra manera, encuentra la buena yugular de donde sorber sangre fresca en la estructura micro-empresarial del país. La manera en la que se chantajea a los locales de concurrencia pública para que acaben firmando los contratos leoninos con la entidad de gestión de derechos de autor SGAE está basada, principalmente, en la enorme tasa de éxito de su gabinete jurídico. Pero ¿a qué se debe este éxito? Podemos empezar por el enriquecimiento ilícito de la entidad, que ha acumulado una fortuna mientras todos los poderes públicos _repito_ miraban a Babia. Sin ese potencial económico, quizá les hubiera sido imposible crear una red de influencias tan compleja, que ha logrado, incluso, meter a uno de sus socios en la jefatura del ministerio de Cultura _ ¿Recuerdan a Sinde?_

Pero en la ecuación hay muchos más factores. Los juicios sobre el impago de tasas por reproducción de obras protegidas en locales de pública concurrencia tienen un determinante común, que no es otro que la presencia del personaje que hace las veces de inspector SGAE. Los individuos en cuestión tiene una relación laboral con la entidad al más puro estilo comercial, donde las comisiones por objetivos engordan las nóminas. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues que el empresario firme o pague, ya sea por vía amistosa o tras sentencia judicial. Dicho esto cabe sospechar que el testimonio del “inspector“ queda condicionado a un interés mercantilista individual. Pero aun conociendo este hecho, muchos jueces españoles tienen el atrevimiento de seguir considerando la palabra de estos empleados autónomos comisionistas como la clave del proceso. Para llegar a una mayor compresión de lo que esto significa, imaginen que por un momento el inspector de hacienda de turno recibiera una comisión por cada empresa que incurre en irregularidades, o que el policía de tráfico tuviera beneficios económicos o de destino por el número de multas que extiende. ¿Es que este hecho no sería indicio más que suficiente para sospechar que pudiera existir una incompatibilidad de intereses, entre la aplicación reglada de la norma genérica y la aplicación subjetiva de la misma norma a favor de los beneficios privados del que la aplica? No son pocas las sentencias que me he encontrado redactadas en este sentido, donde la palabra del comisionista de turno basta para condenar al empresario. ¡Absolutamente delirante!

La SGAE, mientras tanto, sigue creciendo en poder económico, y todos los actores públicos citados son, en gran medida, responsables.

Los derechos de autor deben ser protegidos _no me cabe la menor duda_ pero no a costa de la aniquilación de principios jurídicos fundamentales de un estado de derecho, como es la presunción de inocencia.

Muchos juristas justifican este hecho con la inversión de la carga de la prueba. Pero, precisamente, en las circunstancias que nos atañen, dicha inversión provoca lo contrario de lo que se pretende en origen, colocando al empresario en una posición de indefensión absoluta. La inversión de la carga de la prueba, para que los profanos lo entiendan, se utiliza cuando es más fácil demostrar la inocencia del acusado que la culpabilidad. Y me explico: Imaginen que un niño reclama derechos paternales a un adulto. Evidentemente es más fácil que el adulto se haga la prueba de paternidad para demostrar que es o no es el padre, que el menor tuviera que recurrir a extraerle de forma ilegal el ADN a su presunto padre, o que se intentara demostrar dicha paternidad con valores subjetivos (cosa que sería imposible) Por esta razón se recurre a la inversión de la carga de prueba, y en cierta manera es el acusado quién tiene que demostrar su inocencia.

Si esta circunstancia la extrapolamos a los juicios por impago de tasas por reproducción de obras protegidas ¿cómo se supone que el empresario puede demostrar que lo que reproduce no está dentro del catálogo de gestión de la entidad reclamante? Básicamente esto es imposible, por lo que lo normal, lo legal y lo ético es que la entidad reclamante, ya sea con grabaciones o testimonios fiables (no los de un comisionista) fuera la responsable de demostrar que lo que atestigua es cierto.

Me queda poco por decir al respecto, más que denunciar a viva voz la enorme barbarie mercantilista a la que estamos asistiendo, fundamentada en criterios ortodoxos que poco tienen que ver con el sentido común, y que, desgraciadamente, contribuyen a crear monstruos económicos a nuestro alrededor con comportamientos éticos, cuanto menos, cuestionables.

Las pequeñas empresas no esperan que se les perdonen sus deudas legítimas, sino que sean juzgadas en un marco de derecho que haga posible su defensa ante estos monstruos. La indefensión manifiesta garantizada por la acción del poder legislativo por un lado y el judicial por el otro, ponen de manifiesto la falta absoluta de respeto con que el contribuyente medio de este país es tratado por las autoridades y por el sistema.

Mario López Sánchez 09177271H

Miembro de la Asociación de Empresarios Ademyc G06149173

Plaza del Almendro, 7 Puebla de la Calzada 06490 BADAJOZ

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2 pensamientos en “ALIMENTANDO MONSTRUOS

  1. Buenos días, me ha encantado su blog, porque a título personal comparto con ustedes el abuso que la sgae hace a todos los niveles, con la ayuda expresa del Estado, que le dió todas las armas.
    Soy empleado municipal y le aseguro que ahí también han puesto su objetivo recaudatorio, conocedores, además, de que el dinero público “no es de nadie” y cuesta menos darlo. Ahora entran en nuestras propias páginas web para ver nuestros eventos, y luego querer cobrarnos por ellos. ¿Cómo pueden los ayuntamientos defenderse de esta imparable petición de cánones cuando la sgae no conoce los repertorios, ni si los autores son propietarios de ellos? Muchas veces se cede espacios públicos para que otras entidades (asociaciones) den conciertos. ¿quien está obligado a pagar el canon? ¿siempre el ayuntamiento?. Gracias por su ayuda.

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